La contratación social es una vía sencilla para que empresas y administraciones públicas contribuyan a mejorar la diversidad y la inclusión en su entorno. Asimismo, ayuda a reducir los niveles de desempleo de colectivos vulnerables, como son las personas con discapacidad.
Qué es la contratación social
Según la Comisión Europea, “contratación social” se define como las operaciones de contratación que tienen en cuenta uno o más de los siguientes aspectos sociales:
- Oportunidades de empleo.
- Trabajo digno.
- Cumplimiento con los derechos sociales y laborales.
- Inclusión social (incluidas las personas con discapacidad).
- Igualdad de oportunidades, diseño de accesibilidad para todos.
- Consideración de los criterios de sostenibilidad, incluidas las cuestiones de comercio ético.
- Cumplimiento voluntario más amplio de la responsabilidad social de las empresas (RSE).
Dicho de otra manera, se trata de aplicar criterios sociales que favorezcan e incentiven avances para la sociedad a la vez que se contrata un determinado servicio o suministro.
Empleo para personas con discapacidad
La contratación social tiene especial relevancia para las personas con discapacidad, uno de los colectivos con mayores barreras de acceso al empleo. En este caso, las empresas de iniciativa social juegan un papel esencial para favorecer su empleabilidad.
Normalmente, este tipo de empresas puede ofrecer servicios y suministros de todo tipo (logísticos, de conservación medioambiental, facility services, control de acceso, servicio técnico y reparaciones, call center, manipulado, distribución y un largo etcétera) a otras compañías. La diferencia con otros proveedores radica en que los empleos, en el caso de estos servicios externalizados o subcontratados, son ocupados en su mayoría por personas con discapacidad y en que todos los beneficios son reinvertidos, para continuar creando empleo.
Beneficios de la contratación social
Las empresas que contratan reciben múltiples beneficios de la mano de la contratación social:
- Incrementan su competitividad, al obtener servicios eficientes y poder poner el foco en su negocio, contratando con empresas especialistas otros servicios de apoyo (almacenamiento, distribución, manipulado, call center, servicio técnico y un largo etcétera) con compañías especialistas.
- Cumplen la Ley General de Discapacidad. La normativa española obliga a las empresas con más de 50 trabajadores a tener al menos un 2% de personas con discapacidad en plantilla. Este porcentaje se puede cumplir mediante empleo directo o a través de medidas alternativas, externalizando determinados servicios o suministros.
- Incrementan su Responsabilidad Social Corporativa. La subcontratación de servicios con empresas de economía social es una vía sencilla para que las empresas aumenten su Responsabilidad Social, contribuyendo al empleo de personas con discapacidad a través de la economía sin ánimo de lucro, que reinvierte sus beneficios en su negocio para seguir creando empleo.
- Aumentan su reputación. La ciudadanía, cada vez más, exige a las empresas mostrar su compromiso y actuar ante realidades sociales. Las empresas que contribuyen a la empleabilidad de personas con discapacidad mediante la contratación social son mejor vistas y percibidas.
- Contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son múltiples los ODS de la Agenda 2030 implicados en la contratación social. Los más relevantes serían ODS 1 (Fin de la Pobreza), ODS 3 (Salud y Bienestar), ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico), ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructuras), 0DS 10 (Reducción de las Desigualdades), ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles), ODS 12 (Producción y Consumo Responsable) y ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).
- Mejoran su competitividad de cara a las licitaciones y contrataciones públicas. Solo las empresas que cumplen, directamente o mediante medidas alternativas, con el porcentaje de empleo de personas con discapacidad pueden estar seguras de que pueden optar a contratos y licitaciones en el sector público. Además, cada vez más las administraciones, desde la contratación pública estratégica, valoran en sus pliegos mejor a las compañías que adquieren este tipo de alianzas con la economía de iniciativa social.
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